Durante una reciente intervención, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre la elección a la gubernatura de Morelos, actualmente bajo el control de Cuauhtémoc Blanco, aliado de Morena. Se le interrogó sobre si Lucy Meza y otros candidatos de la alianza opositora estaban “lucrando con el tema de la inseguridad” para obtener votos.
La respuesta del presidente fue evasiva, afirmando que no podía hablar del tema debido a su naturaleza electoral, pero insinuando que se estaba magnificando la violencia con fines políticos durante la campaña. Sin embargo, la reportera persistió en su interrogante, señalando el reclamo de la oposición en Morelos y sugiriendo que estaban sacando provecho de la inseguridad. Ante esto, López Obrador negó rotundamente que esa estrategia funcionara.
Este intercambio se produce en un contexto en el que Morena, el partido del presidente, enfrenta sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE) por irregularidades en el financiamiento de las precampañas locales. Las multas podrían ascender a más de 33 millones de pesos, y se espera que el INE cancele el registro de 44 candidaturas de Morena por no presentar informes adecuados a la autoridad electoral. Estos sucesos no hacen más que poner en tela de juicio la integridad del proceso electoral y la transparencia en la financiación de las campañas políticas, destacando la necesidad de una mayor rendición de cuentas por parte de todos los partidos políticos.
