La postura de Libia García, candidata al gobierno de Guanajuato, de prescindir de Carlos Zamarripa Aguirre como fiscal del estado y de Alvar Cabeza de Vaca en el gabinete de seguridad, ha despertado un debate intenso sobre si esta medida responde genuinamente a las necesidades del estado o si se trata simplemente de un movimiento electoral. Si bien algunos sectores de la sociedad respaldan la decisión como un paso necesario hacia un cambio real en materia de seguridad y justicia, otros cuestionan si esta acción es más una estrategia para ganar votos en las próximas elecciones.
La larga permanencia de Zamarripa Aguirre y Cabeza de Vaca en sus respectivos cargos ha sido objeto de críticas debido a los altos índices de violencia en Guanajuato, convirtiendo al estado en uno de los más peligrosos del país. Sin embargo, la repentina promesa de García de no mantenerlos en su gobierno plantea interrogantes sobre la sinceridad de sus intenciones y si esta medida está realmente destinada a abordar los problemas de inseguridad o si es simplemente una estrategia política para ganar simpatizantes.
El anuncio de García se produce en un contexto político tenso, donde la seguridad y la justicia se han convertido en temas centrales de debate. La decisión de la candidata genera expectativas entre la ciudadanía, pero también deja abierta la posibilidad de que sea percibida como un movimiento meramente electoral, diseñado para atraer votantes en un momento crucial para su campaña.
