Rumbo al proceso electoral en Guanajuato, está surgiendo una preocupación bastante palpable entre la ciudadanía: la postulación de candidatos/as con antecedentes de corrupción y malversación de fondos. Este hecho plantea una seria interrogante sobre la integridad de quienes buscan liderar y representar a la población.
Uno de los casos más destacados es el de Bárbara Botello Santibañez, exalcaldesa de León, detenida en 2019 y acusada de peculado por alrededor de 1 millón 577 mil pesos. A pesar de enfrentar estas acusaciones y de adeudos pendientes con el municipio, Botello Santibañez desea aspirar nuevamente a cargos de elección popular en León.
Las acusaciones en su contra incluyen el incremento del costo de obras en León en un 45% durante su administración entre 2012 y 2015. Además, se le señala por otorgar un negocio multimillonario a empresas de recolección de basura, duplicando el costo de recolección según investigaciones. Aunque enfrenta presuntas malversaciones de recursos públicos, Botello Santibañez ha obtenido más de 25 millones de pesos en tres contratos con el INFONAVIT.
Preocupa mucho que la exalcaldesa, a pesar de sus cuestionables nexos políticos y todas las acusaciones en su contra, busque regresar al ámbito político, ahora saltando a otro partido, MORENA. Un hecho que ya no sorprende pues las ideologías de los partidos pasaron ya a segundo plano para dar lugar a intereses personales sin importar a qué colores se representen, como es el caso de Botello.
Es imperativo que la ciudadanía, los partidos políticos y las instituciones reflexionen sobre la calidad moral y ética de quienes desean representarnos. No podemos permitir que regresen a pedir el voto aquellos que han tenido oportunidades de hacer el bien mientras ocupaban cargos públicos, prefirieron corromperse a costa de la comunidad. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser los pilares fundamentales en la elección de nuestros gobernantes.
Este tipo de personajes son la antítesis de lo que debería ser la política sana en nuestro país. Su presencia en la contienda electoral plantea un desafío para la construcción de una democracia basada en valores éticos y el compromiso genuino con el bienestar de la sociedad. La ciudadanía tiene la responsabilidad de demandar estándares más altos y rechazar a aquellos que representan un riesgo para la integridad del sistema político.
